La multinacional de telecomunicaciones con sede en Noruega Telenor se enfrenta a una demanda civil colectiva presentada en Noruega por ciudadanos de Myanmar, que la acusan de haber compartido sus datos personales sensibles con la junta militar. La demanda, presentada en abril de 2026, reclama una indemnización de 9.000 euros (unos 10.500 dólares) por cliente, según la información difundida por Global Voices.
La denuncia sostiene que Telenor entregó al régimen al menos 1.253 números de teléfono. Los datos cedidos incluían, según los demandantes, registros de llamadas y datos de localización, nombres, direcciones, números de identificación, cuentas de Facebook y cuentas bancarias vinculadas a los números de móvil.
Entre los demandantes figura Tha Zin, viuda del rapero y parlamentario Phyo Zeya Thaw, detenido con una acusación falsa, condenado y posteriormente ejecutado por la junta. Tha Zin ha afirmado que su marido fue arrestado justo después de que la junta accediera a la información de su cuenta. El abogado Jan Magne Langseth resumió el contenido de la denuncia.
Telenor operó en Myanmar entre 2014 y 2022, con 18 millones de abonados. Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, la empresa quedó bajo presión después de que la junta exigiera el cumplimiento de sus directrices de vigilancia y bloqueo de contenidos. Telenor decidió abandonar el país, pero organizaciones de la sociedad civil expresaron fuertes objeciones a que sus operaciones locales se vendieran a una compañía vinculada a la junta.
En diciembre de 2024, el grupo activista Justice For Myanmar presentó una denuncia contra Telenor en Noruega por incumplimiento de la Ley de Sanciones. Noruega la rechazó, pero la denuncia se volvió a presentar en octubre de 2025 con un cargo adicional de complicidad en crímenes contra la humanidad. El Estado noruego posee el 54 % de Telenor.
En diciembre de 2025, el Parlamento noruego puso en marcha una investigación sobre las operaciones de Telenor en Myanmar. El presidente de la comisión disciplinaria de la Cámara señaló que deben esclarecer cómo una empresa de propiedad estatal pudo cooperar con un régimen militar brutal entregando información de clientes sobre la oposición en Myanmar.
En septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega y el servicio de seguridad interior registraron la oficina de Telenor en relación con los cargos presentados contra la compañía. La portavoz de Justice For Myanmar, Yadanar Maung, celebró la decisión de las autoridades noruegas de investigar a Telenor.
En varios comunicados enviados a los medios, Telenor ha afirmado que coopera con las autoridades en relación con la investigación en curso y ha añadido que necesita defender a sus empleados en Myanmar. El director de relaciones con los medios de la empresa, David Fidjeland, reiteró ese mismo argumento. Telenor ha reconocido la brutalidad de la junta, pero sostiene que no debe ponerse en peligro el bienestar de sus trabajadores.
Organizaciones de la sociedad civil han calificado la investigación de avance en la lucha contra la impunidad. Civicus ha señalado que las empresas no deben facilitar abusos de derechos humanos. Faiz Naeem, analista de políticas para Asia-Pacífico de Access Now, ha añadido que el caso de Telenor recuerda a las compañías que su obligación con los usuarios no termina cuando abandonan un país bajo un régimen autocrático.
Si prospera, el caso sería el primero en responsabilizar a una empresa de telecomunicaciones por no proteger los datos de sus usuarios frente a su uso indebido por parte de un régimen autoritario.
