La Ley Orgánica 4/2026, de 13 de octubre, modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria. La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de octubre y entra en vigor el día siguiente al de su publicación.
El preámbulo de la ley justifica la reforma en la necesidad de dar seguridad jurídica al trabajo de estos funcionarios y evitar «decisiones judiciales dispares» sobre su condición. Según el texto, el reconocimiento de ese carácter «dará seguridad jurídica al trabajo que realizan».
Relevancia probatoria de los informes
La reforma establece que, en los procedimientos disciplinarios sancionadores regulados en la ley, los informes emitidos por los funcionarios penitenciarios que hayan presenciado los hechos «constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario». Los funcionarios deberán aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.
El texto también prevé que los funcionarios puedan identificar su condición de agentes de la autoridad mediante su número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales derivados de su actividad profesional.
Indemnizaciones y protección
La ley añade un nuevo apartado cinco al artículo 80 que obliga a la Administración a resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios por daños personales o materiales sufridos en acto o con ocasión del servicio, siempre que no medie dolo, culpa o negligencia grave por su parte, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
El preámbulo señala que hasta ahora los empleados penitenciarios quedaban «en la práctica totalmente desprotegidos» cuando, ante la insolvencia del interno responsable civil, la Administración no asumía el pago de las indemnizaciones al no existir una norma expresa que lo amparara.
Asimismo, se incorpora un apartado seis para garantizar la separación de los funcionarios penitenciarios del resto de detenidos en caso de detención, de otros reclusos si ingresan en prisión y en los traslados bajo custodia, con el fin de salvaguardar su integridad física.
El apartado siete extiende al personal laboral al servicio de la administración penitenciaria la misma protección penal que al personal funcionario, así como lo previsto en los apartados cinco y seis.
Aplicación
La disposición transitoria única establece que las modificaciones solo se aplicarán a los procedimientos disciplinarios iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. La norma se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª y 18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en legislación penitenciaria y en las bases del régimen estatutario de sus funcionarios.