El Ministerio de Bienestar de Expatriados y Empleo en el Exterior de Bangladés presentó el 28 de agosto de 2026 un nuevo marco de contratación con Malasia que implica a 338 entidades. Malasia seleccionó directamente 25 agencias de contratación, mientras que otras 312 fueron aprobadas para operar como asociadas. En el mismo marco se incluyó la estatal Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL).
Dos días antes, el 30 de agosto, el ministro de Estado de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas, Mir Shahe Alam, había anunciado que Malasia contrataría a unos 200.000 trabajadores bangladesíes en seis meses, con salidas previstas a partir de finales de septiembre, y mencionó un plan para enviar a 10.000 trabajadores sin que asumieran costes de migración. El 1 de septiembre, el portavoz del Gobierno de Malasia, Fahmi Fadzil, aclaró que la cifra de 200.000 trabajadores no representaba una posición oficial del Ejecutivo, lo que introdujo incertidumbre sobre el alcance y el calendario de la contratación.
En el mismo marco, Malasia aceptó en principio acoger a 10.000 trabajadores sin coste. Las autoridades bangladesíes advirtieron a los candidatos de que no realizaran pagos, no se sometieran a exámenes médicos ni entregaran sus pasaportes hasta que se emitieran instrucciones formales.
La advertencia contrasta con el ciclo anterior. En julio de 2026, Bangladés revocó las licencias de 49 agencias de contratación por presunta sindicación e irregularidades vinculadas a la contratación con destino a Malasia. La Comisión Anticorrupción alegó que las agencias investigadas habían enviado a 267.276 trabajadores a Malasia y habían cobrado más de 45.450 millones de taka (unos 370 millones de dólares) en tarifas excesivas. El coste de contratación aprobado por el Gobierno era de 78.990 taka (unos 645 dólares), pero los investigadores sostienen que a algunos trabajadores se les cobró hasta cinco veces esa cantidad. Fuentes del sector han advertido de que los gastos de migración en el nuevo ciclo podrían superar los 600.000 taka (unos 4.900 dólares).
La carga financiera no se limita al corredor de Malasia. La Encuesta de Fuerza Laboral de Bangladés de 2024 concluyó que los trabajadores migrantes gastaron una media de 463.000 taka (unos 3.778 dólares) en la contratación. Con unos ingresos mensuales medios de 42.599 taka (unos 348 dólares), recuperar ese gasto llevaba de media unos 10,9 meses.
Un proceso que se alarga sin salida
Para un trabajador de 22 años originario de Sherpur, la pérdida económica comenzó con un empleo en el extranjero al que nunca llegó. En conversación telefónica con Global Voices, y pidiendo permanecer en el anonimato, relató que empezó a preparar su migración a Malasia hacia 2024 tras oír hablar de oportunidades laborales a través de un intermediario local. Cuando el proceso se estancó, su familia había gastado alrededor de 500.000 taka (unos 4.079 dólares). El dinero procedía de sus ahorros, de la venta de un terreno y de préstamos, de los que unos 220.000 taka (unos 1.795 dólares) se habían pedido con intereses. Los pagos se hicieron por etapas para la tramitación del visado, gastos médicos y otros conceptos. Buena parte del proceso se gestionó a través de un intermediario local y no directamente con una agencia de contratación, y el trabajador afirmó que no recibió recibos de todo el dinero que pagó.
«Al principio decían que tardaría dos o tres meses, pero pasaron seis o siete. Cada vez que preguntaba, el intermediario daba una respuesta distinta, pero nunca una clara. Ya había hecho el examen médico y entregado mi pasaporte. Al final me dijeron que el mercado malasio se había cerrado y que no podían hacer nada más», contó. Para entonces, según su relato, ya había pagado la cantidad completa. «Pensaba ir a Malasia, ganar dinero y devolver el préstamo. Pero no pude ir. Me devolvieron parte del dinero, pero el resto no lo han devuelto. Cuando llamo, solo dicen: “Dame un poco más de tiempo”. No sé cuánto se supone que debo seguir esperando. Sigo aquí, pero sigo pagando la deuda que contraje para ir al extranjero».
Su madre, que también habló con Global Voices por teléfono y pidió el anonimato, explicó: «Mi marido murió hace mucho. Solo teníamos un trozo pequeño de tierra, así que lo vendí. También pedí dinero prestado con intereses y de alguna manera reuní el resto para mi hijo. Pensaba que si podía ir al extranjero y ganar bien, lo devolveríamos todo. Pero no pudo ir. Ahora tenemos que seguir pagando los intereses, tengamos o no suficiente para comer».
Deuda de contratación y papel de los intermediarios
La experiencia de esta familia se enmarca en un patrón más amplio de costes elevados y endeudamiento entre los bangladesíes que buscan trabajo en Malasia. Una investigación de Verité, organización sin ánimo de lucro dedicada a promover condiciones laborales justas, sobre el corredor migratorio Bangladés-Malasia concluyó que los trabajadores pagaban una media de unos 5.000 dólares (aproximadamente 614.400 taka) en costes relacionados con la contratación, a menudo financiados con varios préstamos. Entre los trabajadores encuestados, el 73 % destinaba al menos la mitad de su salario mensual a la deuda de contratación, y el 43 % denunció engaños en el salario.
El papel de los intermediarios también se ha identificado como un factor determinante de esos costes. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre prácticas de contratación en Bangladés concluyó que los aspirantes a migrar suelen recurrir a subagentes e intermediarios informales porque tienen poco contacto directo con las agencias de contratación o no comprenden del todo el proceso formal. El estudio señaló que reducir la participación no autorizada de esos intermediarios es un paso clave para abaratar los costes de migración. Otro estudio de la OIM sobre la deuda de los migrantes concluyó que la información limitada sobre los canales oficiales puede empujar a los futuros trabajadores hacia intermediarios que cobran tarifas altas, y señaló el acceso limitado a financiación formal y a recursos legales como factores que pueden agravar el endeudamiento.
Incógnitas del nuevo ciclo
A 30 de septiembre de 2026, la Alta Comisión de Bangladés en Kuala Lumpur había empezado a certificar cartas de demanda de empleo, pero el Gobierno aún no había anunciado el coste final de la contratación, el calendario de salidas ni el procedimiento completo. El ministro de Bienestar de Expatriados y Empleo en el Exterior, Ariful Haque Chowdhury, dijo que el anuncio oficial se haría pronto.
La estructura del nuevo marco también ha recibido críticas dentro del sector. Algunos miembros de la Asociación de Agencias de Contratación Internacionales de Bangladés (BAIRA) sostienen que las 312 agencias asociadas deberían tener acceso directo al Sistema Centralizado de Gestión de Trabajadores Extranjeros de Malasia en lugar de depender de las 25 agencias principales para tramitar a los trabajadores. Otros reclutadores rechazaron las preocupaciones sobre una nueva sindicación, alegando que las agencias asociadas pueden obtener igualmente la demanda de empleo y contratar trabajadores.
En noviembre de 2025, expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por la persistencia de la explotación, el engaño y el agravamiento de la servidumbre por deudas de los trabajadores migrantes bangladesíes en Malasia. Instaron a ambos gobiernos a investigar los abusos denunciados, ofrecer recursos efectivos, incluida la restitución y el alivio de la deuda, reforzar la supervisión de las prácticas de contratación y cooperar para desmantelar las redes de contratación explotadoras.
El corredor ha sufrido suspensiones repetidas por acusaciones recurrentes de sindicación, costes excesivos y explotación. Malasia suspendió la contratación de trabajadores bangladesíes en 2018 tras la polémica por el sistema de agencias limitadas, y de nuevo en junio de 2024 por preocupaciones sobre los costes excesivos y la llegada de trabajadores sin empleo. El Gobierno malasio ha advertido a las agencias de que no cobren dinero ni retengan pasaportes antes de que se emitan las instrucciones formales. El investigador en migración Shariful Hasan declaró a The Daily Star que cualquier reapertura debería establecer con claridad quién controla la contratación, cuánto deben pagar los trabajadores y quién responde cuando surgen problemas.
