Los líderes de las instituciones de la Unión Europea y los interlocutores sociales se reunieron el 14 de octubre en Bruselas en la cumbre social tripartita, un foro de diálogo semestral, para abordar el nuevo marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), un mercado único que funcione para trabajadores y empresas, y el empleo de calidad.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la competitividad de Europa «va de la mano de la justicia social» y que esta implica buenos empleos, medios de vida dignos y empresas prósperas. Entre sus prioridades citó la energía asequible, un mercado único fuerte que proteja los derechos de los trabajadores, empleos de calidad adaptados al futuro y un presupuesto de la UE a largo plazo que preserve el ADN social europeo. Añadió que el diálogo con los interlocutores sociales es esencial para lograrlo.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que la competitividad «no es un fin en sí mismo» y que el objetivo último es mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos europeos mediante la creación de empleo de calidad, empresas europeas sólidas y prósperas, y una prosperidad y resiliencia duraderas. Costa instó a seguir desarrollando la agenda «Una Europa, un mercado» y a completar el mercado único, y subrayó que los interlocutores sociales tienen un papel vital para que el progreso económico se traduzca en beneficios tangibles. Señaló que el próximo presupuesto a largo plazo debe ayudar a hacer realidad esa ambición fundacional de la Unión.
En representación de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, afirmó que Europa es más fuerte cuando está unida y trabaja en la misma dirección. Explicó que en la reunión se debatió cómo construir una Europa más competitiva, con empleos de calidad y altas cualificaciones, respaldada por un presupuesto que apoye esa ambición. Martin indicó que Irlanda avanza en la hoja de ruta «Una Europa, un mercado», el conjunto de acciones urgentes acordadas por las instituciones de la UE para hacerla más competitiva y resiliente, y que ha presentado su propuesta de compromiso para el futuro presupuesto, el MFF, con el objetivo de lograr un acuerdo en las negociaciones antes de final de año. También defendió el valor del diálogo social como parte esencial del modelo social europeo, especialmente en un momento de incertidumbre geopolítica y cambio tecnológico acelerado.
El presidente de BusinessEurope, Maciej Witucki, que representó a los empleadores junto con SGI Europe y SMEunited, declaró que traducir las ambiciones económicas de Europa en mejoras tangibles es más urgente que nunca. Sostuvo que la regulación pesa demasiado sobre las empresas y las administraciones, y pidió a los líderes europeos que intensifiquen sus esfuerzos para simplificar la normativa, profundizar en el mercado único y preservar el gasto que mejora la competitividad, incluida la inversión en cualificaciones e infraestructuras esenciales, en el próximo marco financiero plurianual.
La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, afirmó que existe «una rabia real en las calles» y que los trabajadores sufren salarios que no siguen el ritmo de los altos costes de la vivienda, la energía y la alimentación. Lynch sostuvo que Europa necesita una política que los trabajadores «puedan notar en el bolsillo», y criticó que las discusiones sobre el MFF parecen ir en la dirección equivocada, con cada vez menos inversión para hacer frente a la creciente crisis de empleo. La CES rechaza los recortes propuestos al MFF y pide valor para aumentar los recursos propios, incluido un impuesto digital europeo. También reclama que el próximo presupuesto de la UE mantenga un Fondo Social Europeo fuerte y separado, con más dinero, y que cada euro público vaya acompañado de condiciones vinculantes que creen empleo de calidad y respeten los convenios colectivos. Además, pide que la Ley de Empleo de Calidad introduzca normas vinculantes para acabar con el trabajo precario y la explotación.
La Comisión Europea precisa que las opiniones citadas corresponden a las personas y organizaciones que las expresan y no constituyen colectivamente la posición del Ejecutivo comunitario.