Las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Níger se presentan como la voz de una soberanía popular restaurada, mientras en los tres países se han disuelto los partidos políticos, en Burkina Faso se ha suspendido a más de un millar de organizaciones de la sociedad civil y en Níger los sindicatos están bajo presión, según el análisis publicado por Global Voices el 30 de septiembre de 2026.
El texto parte de un episodio reciente: en la noche del 28 al 29 de agosto de 2026 se registraron disparos y explosiones en Niamey, la capital de Níger. Un intento de motín militar dirigido contra la presidencia, el aeropuerto y la televisión nacional fue repelido por el régimen del general Abdourahamane Tiani con el apoyo de fuerzas rusas, según la misma fuente. El incidente, señala el análisis, ilustra la fragilidad de los regímenes militares que gobiernan en el Sahel desde 2020 y la facilidad con que cada convulsión —provenga del propio ejército o de la sociedad civil— se usa después para justificar una mayor restricción del espacio cívico.
Un mismo recorrido institucional
Antes de que los militares tomaran el poder, miles de ciudadanos ya habían salido a la calle en Malí, Burkina Faso y Níger para protestar por la mala gobernanza, la inseguridad y la corrupción. En Malí, las protestas de 2020 contribuyeron al contexto en el que el ejército derrocó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta. En Burkina Faso, los dos golpes de Estado de 2022 se produjeron en medio del descontento por la inseguridad. En Níger, la destitución del presidente electo Mohamed Bazoum en julio de 2023 fue seguida de un comunicado militar que subrayaba la soberanía nacional.
En los tres casos, los militares emprendieron después el desmantelamiento del pluralismo que habían prometido revitalizar, según el análisis. En Malí, una consulta nacional boicoteada por buena parte de la clase política recomendó a finales de abril de 2025 disolver los partidos y nombrar presidente al general Assimi Goïta por un mandato de cinco años. El decreto de disolución se firmó el 13 de mayo de 2025, pese a dos protestas organizadas a principios de ese mes en Bamako por partidos y organizaciones de la sociedad civil, que según un informe regional fueron las primeras manifestaciones opositoras en la capital maliense desde 2020. Expertos independientes de la ONU advirtieron de que la medida abría la vía a la criminalización de toda actividad política. El 3 de julio de 2025, el mandato de Goïta quedó fijado en cinco años, renovable «tantas veces como sea necesario», según France 24.
Desde principios de mayo de 2026, las autoridades malienses han intensificado además la represión de la oposición política mediante detenciones arbitrarias, con un patrón recurrente de secuestros atribuidos a la Agencia Nacional de Seguridad del Estado, según el texto.
En Burkina Faso, las actividades políticas fueron suspendidas el 30 de septiembre de 2022 y todos los partidos quedaron formalmente disueltos el 29 de enero de 2026, una medida que CIVICUS calificó de «definitiva». El 15 de abril de 2026 se disolvieron 118 organizaciones de la sociedad civil activas en derechos humanos, salud o educación, en aplicación de una ley de julio de 2025 sobre libertad de asociación. El 30 de junio de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció el cierre permanente de su oficina en el país, después de que las autoridades suspendieran sus actividades en febrero. El 29 de julio de 2026, CIVICUS incluyó a Burkina Faso en su lista internacional de seguimiento y documentó al menos 1.174 organizaciones de la sociedad civil suspendidas o disueltas desde el comienzo del año.
En Níger, el presidente Abdourahamane Tiani firmó el 26 de marzo de 2025 un decreto que disolvía todos los partidos políticos, ya suspendidos desde el golpe de julio de 2023. En agosto de 2025 fueron disueltos a su vez varios sindicatos que representaban a profesionales del derecho, lo que provocó la condena del Colegio de Abogados de Níger y una huelga general de dos días de los letrados, según Human Rights Watch. En su informe de julio de 2026, HRW enumera varias medidas restrictivas de las autoridades militares: disolución de partidos y sindicatos independientes, detención de periodistas en aplicación de una ley de ciberdelincuencia, retirada de la nacionalidad a opositores, anuncio de salida de la Corte Penal Internacional y prórroga del periodo de transición sin perspectivas de elecciones.
La misma retórica
Las tres juntas justifican estas medidas con una retórica común: soberanía, renovación nacional y lucha contra la injerencia extranjera. Amnistía Internacional formalizó esa observación en una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: en Malí, Níger y Burkina Faso, los regímenes militares restringen gradualmente las libertades en nombre de la lucha contra el imperialismo y la protección de la soberanía nacional, con leyes aplicadas por decreto, sin control parlamentario ni revisión constitucional.
El análisis plantea la pregunta que, a su juicio, rara vez se formula de forma tan directa: si parte de la población apoya a las nuevas autoridades, ¿significa eso que quienes las critican ya no forman parte del pueblo? Es la situación a la que se enfrentan los pocos periodistas que siguen trabajando en los tres países. Amnistía Internacional recogió los testimonios de tres de ellos, con seudónimos, en un informe publicado el 30 de abril de 2026. Uno, identificado como Mohamed C., sostiene que quienes ejercen el periodismo son acusados de ser agentes de potencias extranjeras o de servir a intereses ocultos. El mismo informe recuerda que Amnistía ya había documentado la represión contra los medios en Níger en un informe de marzo de 2025, antes de lanzar en octubre de 2025 una campaña dedicada a la situación de activistas y periodistas en los tres países.
Cuando desaparecen partidos y sindicatos
La desaparición de las estructuras organizadas no supone la desaparición del disenso: cambia de forma y, a menudo, de escala. En Burkina Faso, la detención el 26 de mayo de 2026 del imán Mohamed Ishaq Kindo, crítico con un proyecto de ley que regula las prácticas religiosas, provocó la indignación de sus seguidores, que protestaron en Uagadugú antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad. En Níger fueron los abogados, a través de su colegio profesional, quienes encabezaron la protesta tras la disolución de los sindicatos judiciales en 2025, una forma de resistencia institucional más que de calle, según documenta HRW.
En otros lugares, la protesta se ha refugiado en espacios menos visibles: redes sociales, contenido satírico, grupos de mensajería privados y campañas impulsadas por la diáspora. Estas formas son, por su propia naturaleza, más difíciles de medir y por tanto de suprimir por completo, pero también menos capaces de producir organización política duradera, señala el análisis.
La guerra como justificación
Cualquier análisis de la protesta en el Sahel debe tener en cuenta un factor que lo distingue de otros contextos autoritarios: la guerra. Malí, Burkina Faso y Níger se enfrentan a grupos armados vinculados a Al Qaeda (JNIM) y al Estado Islámico. Los civiles son las principales víctimas: en Burkina Faso, Amnistía Internacional documentó que entre el 10 y el 11 de marzo de 2026 el ejército y sus auxiliares VDP mataron ilegalmente al menos a 58 civiles desarmados en Solenzo y sus alrededores.
Esa situación de seguridad sirve de justificación recurrente para las restricciones del espacio cívico. HRW señala que en los tres países los gobiernos han seguido restringiendo la libertad de expresión, el disenso y los medios mientras avanzaban en su desvinculación de organismos regionales e internacionales: la salida efectiva de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la retirada de los tres países de la Corte Penal Internacional.
Para los observadores del Sahel central, el reto principal estriba en determinar dónde termina la protección legítima de la población y dónde empieza la manipulación del miedo para sofocar el disenso. Aunque comparten el mismo contexto, los tres países no han seguido caminos idénticos: los niveles de apoyo popular a las autoridades difieren, igual que la intensidad del conflicto armado. Un fenómeno común a los informes recientes es la reducción sistemática del espacio cívico, apenas un año después de que las juntas prometieran dar voz al pueblo.
El análisis subraya que un ciudadano puede apoyar la ruptura con las antiguas potencias coloniales y, al mismo tiempo, exigir responsabilidades a las nuevas autoridades; puede haber aprobado un golpe y preguntar ahora por qué se prohíben los partidos, se disuelven los sindicatos y se persigue a los periodistas. Desde la perspectiva del control ciudadano de la acción pública, esas posiciones son complementarias y no contradictorias: formar parte del pueblo no significa estar de acuerdo con quienes gobiernan en su nombre.
