El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, resolvió en julio de 2025 que la condena impuesta a activistas del movimiento climático no violento ANV-COP21 por retirar retratos oficiales del presidente Emmanuel Macron de ayuntamientos franceses no vulneró el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión. La decisión se adoptó por cinco votos frente a dos, según el análisis publicado por Global Voices.
Los hechos se remontan a 2019, cuando los activistas retiraron los retratos de las paredes de consistorios de toda Francia para simbolizar lo que consideraban una acción insuficiente del Gobierno frente al cambio climático. Los participantes describieron la acción como una «requisa» temporal de los retratos, mientras que las autoridades francesas la calificaron de robo.
Ante el TEDH, los activistas sostuvieron que sus condenas violaban el artículo 10. El tribunal reconoció que la acción fue no violenta, portadora de un mensaje político y referida al cambio climático, materia de interés público indiscutible. Sin embargo, la mayoría de los jueces distinguió entre retirar los retratos y quedárselos: según su razonamiento, el hecho de descolgarlos ya había comunicado el mensaje, por lo que negarse a devolverlos podía castigarse como hurto. Las multas suspendidas, de entre 200 y 500 euros, fueron consideradas relativamente modestas.
Los dos jueces discrepantes argumentaron que ambos actos no podían separarse con tanta facilidad, ya que la ausencia continuada de los retratos formaba parte del propio mensaje político. También advirtieron contra el recurso excesivamente rápido al derecho penal contra activistas políticos pacíficos.
El caso no excluye la protesta climática de la protección de la libertad de expresión, pero el tribunal, aun reconociendo el mensaje político, el carácter pacífico de la acción y la importancia del debate climático, permitió que se mantuviera una condena penal.
Un patrón de criminalización en Europa
La resolución se enmarca en un contexto más amplio de uso de leyes penales contra manifestantes climáticos y medioambientales en Europa. Un estudio comparativo publicado a finales de 2025, que examinó 14 países del Norte y del Sur globales, concluyó que la criminalización forma parte de un patrón más amplio de represión. Los investigadores identificaron no solo detenciones, sino también nuevas leyes contrarias a la protesta, el uso estratégico de normas y procesos existentes, vigilancia, hostigamiento y desprestigio público de los activistas.
Los datos citados por Global Voices ilustran la magnitud de la respuesta: una investigación sobre protestas climáticas halló que el 17,2 % de las manifestaciones en el Reino Unido terminaron en detenciones, frente a una media internacional del 6,3 %. En Berlín, la Fiscalía recibió 5.681 procedimientos relacionados con el movimiento climático Letzte Generation (Última Generación) entre enero de 2022 y octubre de 2025, aunque casi la mitad fueron finalmente archivados.
La tendencia ha continuado en 2026. En julio, un tribunal de apelación francés confirmó las condenas contra cuatro defensores medioambientales por organizar la protesta prohibida de Sainte-Soline contra grandes embalses agrícolas. Días después, en Turquía, la activista medioambiental Esra Işık fue condenada a dos años y un mes de prisión, pendiente de apelación, tras haber pasado ya 42 días en detención preventiva por una protesta pacífica relacionada con la ampliación de una mina de carbón en el bosque de Akbelen. En Australia, 138 personas fueron detenidas tras bloquear el atraque de un buque carbonero en un puerto concurrido.
Directrices internacionales en sentido contrario
Frente a esta evolución, expertos internacionales en derechos humanos han adoptado una orientación distinta. En octubre de 2025, Michel Forst, relator especial de la ONU sobre defensores del medio ambiente en el marco del Convenio de Aarhus, publicó unas directrices específicas sobre el derecho a la protesta medioambiental pacífica y la desobediencia civil. En ellas insta a los Estados a evitar el uso de la desobediencia civil para restringir el espacio cívico y a garantizar que las sanciones contra manifestantes pacíficos sean necesarias y proporcionadas. En marzo de 2026, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su firme apoyo a esas directrices.
El TEDH ha desempeñado un papel relevante a la hora de definir hasta dónde pueden llegar los gobiernos europeos al restringir la protesta y la expresión política, con jurisprudencia que fija estándares para los 46 países del Consejo de Europa. En el caso Bryan y otros contra Rusia, el tribunal concluyó que se habían violado los derechos de activistas de Greenpeace detenidos tras una protesta contra la perforación petrolífera en el Ártico. En Friedrich y otros contra Polonia llegó a una conclusión similar después de que fueran detenidos activistas que protestaban contra un cargamento de carbón en Gdansk. Ambos casos reflejaron el reconocimiento de Estrasburgo de que la protesta política puede ser incómoda, poco convencional y disruptiva y aun así merecer protección.
