El acuerdo ministerial 4439 de Ecuador establece un máximo de dos gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasa, un límite que se aplica a los aceites, grasas y margarinas vendidos directamente, así como a los ingredientes utilizados por industrias alimentarias, panaderías, restaurantes y servicios de comida. La norma, adoptada en 2013, excluye las grasas trans naturales procedentes de la carne y los lácteos de rumiantes.
La regulación ecuatoriana adopta el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque con diferencias de cobertura: la OMS propone aplicarlo a todos los alimentos, mientras el acuerdo no menciona expresamente todos los productos procesados finales ni prohíbe la producción y el uso de aceites parcialmente hidrogenados, otra medida que respalda el organismo sanitario.
La aplicación es otro de los puntos cuestionados. El acuerdo 4439 asigna la vigilancia a la autoridad sanitaria de Ecuador sin detallar la frecuencia de las inspecciones, los protocolos de laboratorio ni la publicación de resultados. Las organizaciones que impulsan la campaña han convertido esas lagunas en una agenda concreta: extender la regulación a todos los productos procesados, prohibir los aceites parcialmente hidrogenados y establecer un seguimiento efectivo.
Estas demandas se plantearon en el encuentro Corazones Libres de Grasas Trans, celebrado el 7 de septiembre de 2026 en el auditorio de la Universidad San Francisco de Quito, primera actividad de una agenda de tres días. El 8 de septiembre, organizaciones civiles y representantes académicos se reunieron en FLACSO Ecuador en el taller «Sumando voces por la salud: Encuentro Ecuador 2026», dedicado a identificar prioridades, capacidades y estrategias de incidencia sobre enfermedades no transmisibles, y el 10 de septiembre el debate «Alimentación para la vida» examinó las respuestas de la sociedad civil, sus dificultades y sus retos.
En ese primer acto, la comunicadora Eliana Estrella, integrante del Comité de Usuarios del Mercado de Alimentos (CUUM), preguntó ante organizaciones sociales, académicas y agencias sanitarias: «¿Qué estamos comiendo? ¿Alimentos que regeneran o productos que degeneran la vida?». Estrella describió estos productos como «accesibles», «baratos» y promovidos con grandes inversiones en marketing, y sostuvo que desplazan a los alimentos frescos y a la agricultura local, porque el dinero de los consumidores deja de llegar a quienes los producen.
La OMS explica que las grasas trans industriales se producen principalmente mediante hidrogenación parcial: se añade hidrógeno a un aceite líquido para hacerlo sólido o semisólido. Así se obtienen aceites parcialmente hidrogenados, utilizados en ciertos alimentos para modificar su textura y prolongar su vida útil, una ventaja para la fabricación y la conservación, pero no para la salud. También existen grasas trans naturales en la carne y los lácteos de rumiantes; la OMS considera dañinas ambas, aunque los esfuerzos regulatorios se centran en las industriales porque pueden eliminarse de la cadena alimentaria y sustituirse por grasas y aceites más saludables.
La OMS estima que cada año más de 278.000 muertes son atribuibles al consumo de grasas trans industriales, asociadas a un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y muerte. Daniel Antiporta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el encuentro, señaló que en las Américas se registran más de 150.000 muertes, casi la mitad prematuras, y advirtió de que el impacto no se limita a los años de productividad perdidos, sino que también compromete el bienestar y el desarrollo humano.
Beatriz Champagne, directora ejecutiva de Coalición América Saludable (CLAS), una red regional que reúne a más de 200 organizaciones y personas, situó el problema más allá de las decisiones individuales: «No son enfermedades del azar; son el resultado predecible de sistemas de salud, sistemas alimentarios y procesos regulatorios que todavía no protegen a la población». En entrevistas posteriores para este artículo, Champagne señaló que, si bien la hidrogenación permitió producir grasas sólidas y prolongar la vida útil de algunos productos, lo que facilita la conservación puede dejar consecuencias mucho más duraderas: un infarto puede requerir atención de urgencia, medicación y cirugía; un accidente cerebrovascular puede afectar al habla o al movimiento y hacer necesario un cuidado permanente. La enfermedad también incide en los ingresos, la gestión del tiempo y la organización del hogar. «Nadie es una isla», subrayó Champagne, que insistió en la necesidad de una respuesta colectiva: «Lo principal sería contar con una política, porque entonces toda la población de Ecuador reduciría su riesgo; todos estarían protegidos».
Malek Batal, profesor del Departamento de Nutrición de la Universidad de Montreal, vinculó esas decisiones a la oferta disponible: «Solo podemos comprar lo que existe y lo que existe a un precio asequible». Centrar las recomendaciones exclusivamente en las personas, añadió, puede aumentar la frustración y la sensación de no poder cuidar la propia salud.
Estrella llegó a su labor de incidencia a partir de una experiencia personal. Hace unos 15 años, la muerte de su madre por cáncer le despertó el miedo a enfermar y la llevó a buscar alimentos saludables. Entonces no estableció una relación entre esa enfermedad y las grasas trans, pero su recorrido la acercó a los productos agroecológicos y a las personas que los cultivan y cuidan el suelo. Cambiar la alimentación, reconoció, exige tiempo, motivación y acceso a alternativas.
Antiporta calificó la regulación de 2013 como el primer paso de Ecuador hacia los estándares internacionales y señaló que en las Américas alrededor de 828 millones de personas están cubiertas por políticas de buenas prácticas. Entre los países que han avanzado mencionó Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Brasil. El siguiente paso, según los participantes, combina la regulación con la capacidad de hacerla cumplir: aprobar legislación, desarrollar normas de aplicación y realizar inspecciones periódicas. Antiporta añadió dos condiciones: laboratorios y protocolos capaces de determinar qué grasas contiene un alimento, controles que permitirían verificar si los productos cumplen el límite y si los aceites parcialmente hidrogenados han salido de la cadena alimentaria.
Estrella resumió esa cadena técnica en una aspiración cotidiana: «mirar un estante sin mirar las etiquetas», con la certeza de que esas grasas no estarán allí.