La Ley de Manifestaciones Pacíficas de Camboya, en vigor desde 2009, debía garantizar el derecho de los ciudadanos a organizar y participar en concentraciones públicas mediante la designación de un «parque de la libertad» en cada provincia. Sin embargo, desde su aprobación solo se ha identificado uno, y las autoridades imponen con frecuencia prohibiciones para utilizarlo como espacio de protesta, según documenta el Centro Camboyano de Derechos Humanos (CCHR, por sus siglas en inglés).
Ya en 2009 varias organizaciones de derechos humanos señalaron disposiciones restrictivas de la norma. Amnistía Internacional advirtió además de que la ley no contempla las protestas «espontáneas». En 2011, el CCHR alertó de la posible designación de parques de la libertad inaccesibles para el público.
El parque de la libertad de Phnom Penh fue clave para que los grupos de oposición convocaran protestas en 2013 y 2014. En 2017 se designó uno nuevo, alejado del centro de la ciudad y rodeado de almacenes y edificios industriales. El representante en Camboya de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a la emisora VOA Khmer que trasladar el parque de la libertad lejos de su público objetivo, con la consiguiente pérdida del valor expresivo de las concentraciones, obstaculiza claramente el ejercicio de derechos fundamentales.
El CCHR ha documentado numerosos casos en los que el Gobierno impidió explícitamente a distintos grupos celebrar protestas en el parque de la libertad de Phnom Penh. En enero de 2015 se bloqueó a manifestantes de comunidades afectadas por desalojos. En septiembre de 2020 se colocaron barricadas con el argumento de mantener la seguridad y el orden público durante la pandemia; relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación por unas medidas de seguridad que menoscababan el uso del parque.
Este año, las autoridades denegaron el permiso para usar el parque con motivo del Día Internacional de la Mujer y aconsejaron a los grupos conmemorar la jornada con actividades en sus propias oficinas. La ciudad advirtió además de que los organizadores podrían enfrentarse a acciones legales si seguían adelante y «alteraban la seguridad, el orden público o la estabilidad social». Las mismas prohibiciones se aplicaron durante el Día del Trabajo, el 1 de mayo, cuando las autoridades solo permitieron que diez personas caminaran y presentaran peticiones ante organismos gubernamentales.
El CCHR cita la experiencia de los grupos al coordinar sus planes con las autoridades y resume cómo la ley se ha utilizado para obstaculizar las protestas. Organizaciones de derechos humanos piden que se revise la norma ante la previsión de más protestas y concentraciones antes de las elecciones a los consejos comunales y de distrito (Commune/Sangkat) de 2027 y a la Asamblea Nacional de 2028.
