La Comisión Europea presentó el 6 de octubre una propuesta para modernizar el sistema europeo de normalización con el objetivo, sostiene el Ejecutivo comunitario, de hacerlo más rápido, aumentar la representación de las pequeñas y medianas empresas y dotarlo de mejores herramientas para defender los intereses estratégicos de la Unión. El texto revisa la legislación vigente, el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, y deberá ser examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su adopción y entrada en vigor.
Según la Comisión, las medidas propuestas reducirían el tiempo medio necesario para desarrollar una norma de seis a cuatro años. Para ello, la propuesta introduce plazos más claros para la elaboración de las normas solicitadas por la Comisión y concreta el uso de especificaciones comunes como medida de reserva. También prevé un mayor recurso a especificaciones técnicas externas bajo condiciones y salvaguardas definidas, y permitir entregables intermedios que acrediten conformidad mientras se ultima la norma completa, con el fin de que las soluciones innovadoras lleguen antes al mercado.
El texto contempla además que otras organizaciones de desarrollo de normas contribuyan al trabajo técnico cuando surjan necesidades urgentes o muy especializadas. La Comisión sostiene que este conjunto de cambios reforzaría la capacidad de la UE para influir en la normalización global y simplificaría el acceso de las empresas al mercado único.
Más participación y acceso gratuito
La propuesta refuerza las obligaciones de las organizaciones europeas y nacionales de normalización para garantizar la participación efectiva de las pymes, la sociedad civil, el ámbito académico y las administraciones públicas en el proceso, e incorpora requisitos de transparencia y rendición de cuentas. A juicio de la Comisión, una participación más amplia aportará una mayor variedad de conocimientos técnicos.
Tras recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario propone codificar esas reglas para asegurar el acceso gratuito a las normas desarrolladas al amparo del Derecho de la UE mediante la creación de repositorios específicos, de modo que empresas, administraciones, sociedad civil y ciudadanos puedan consultarlas con más facilidad.
Coordinación internacional
La Comisión vincula la normalización a la capacidad de las jurisdicciones para que sus normas se adopten a escala global y propone reforzar la coordinación de la Unión en los foros internacionales, con el fin de promover los intereses europeos dentro de los principios de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, plantea crear un Centro de Expertos en Normalización Europea para mejorar la dirección estratégica, la coordinación entre políticas y la alineación del trabajo normativo con las prioridades de la UE.
El sistema actual se basa en la cooperación entre las organizaciones europeas de normalización reconocidas (CEN, CENELEC y ETSI), los organismos nacionales, la industria, las autoridades públicas, los representantes de los consumidores, los sindicatos y las organizaciones medioambientales, entre otros actores. La propuesta se apoya en la Estrategia de Normalización de 2021 y en la evaluación del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 realizada en 2025.